Hay individuos que engañan a la Gobernación de California para conseguir beneficios económicos de la asistencia social o pública, bien sea en dinero o en servicios, a los que legalmente no tienen derecho, y esta conducta constituye un hecho tipificado como delito en este Estado.
Por esta razón, cuando un individuo miente sobre los ingresos percibidos, o con relación a las necesidades básicas que no se encuentran cubiertas, o cuando se abstiene de suministrar información o datos que son relevantes, con el objetivo de que se le otorguen beneficios mayores de programas públicos a los que tiene derecho de recibir legalmente, lo que va a ocurrir es que será imputado por haber cometido el delito de fraude en perjuicio de programas para la asistencia pública.
Esta clase de conductas ilegales puede ser ejecutada de diversas maneras. Las causas por las cuales los sujetos suelen ser imputados por ejecutar esta clase de conductas ilícitas pueden ser no haber dado a conocer información completa sobre sus bienes o sus ingresos, o que han recibido estos beneficios en múltiples Estados, así como haber proporcionado alguna clase de falsa información con la finalidad de agenciarse determinados beneficios.
¿Cómo encontrar los consejos legales que necesito?
Una acusación de esta naturaleza no puede ser considerado como algo que no es tan serio, porque las autoridades en Pasadena CA, se lo toman muy en serio, ya que no se trata, como otros pueden pensar, de un crimen que no tiene víctimas, al contrario, las víctimas somos todos, porque son los fondos reunidos gracias a nuestros impuestos, los que se ven mermados cuando un sujeto engaña a la administración estatal para recibir un beneficio de un programa de asistencia social al que no tiene legalmente derecho, así que se trata de una conducta ilícita ejecutada en perjuicio de los intereses económicos de California, que son los intereses económicos de todos sus residentes.
De modo que ser acusado por esta clase de conducta ilícita puede tener como efecto que usted sea condenado a pasar un tiempo en prisión, a pagar multas judiciales y a tener que cumplir con otros castigos que pueden exceder incluso hasta su capacidad económica, dejándolo en una situación mucho peor a la que se encontraba antes, con la consecuencia negativa de que será excluido de cualquier beneficio social en el futuro, así que no recibirá ayuda de ninguna clase en caso de necesitarla. Si desea evitar todos estos inconvenientes, lo que debe hacer de inmediato es contratar los servicios de verdaderos abogados criminalistas con las credenciales y la experiencia que se requiere para contender este clase de procedimientos y esos los podrá encontrar en Pasadena Criminal Attorney, porque contamos con abogados expertos, que saben cómo analizar los hechos, encontrar las deficiencias en el caso armado por la Fiscalía y convencerla de que lo más oportuno es ofrecerle un trato por un cargo que sea menor, e inclusive demostrar la futilidad que representaría llevar su caso a la Corte, porque no existen posibilidades de que usted pueda ser declarado responsable de tales hechos, así que póngase en comunicación con nuestras oficinas de inmediato, ya que estamos en capacidad de brindarle la asistencia legal que usted necesita.
¿Cómo está definido el fraude en contra de un programa para la asistencia pública o social?
De manera general, un programa para la asistencia pública o social es uno que tiene por finalidad ayudar a individuos que no poseen los recursos económicos que se necesitan para proveer a sus necesidades básicas, por estar desempleados, subempleados o por cualquier otra circunstancia que así lo justifique.
Frente a este escenario, un fraude en perjuicio de los programas para la asistencia social es cualquier clase de actividad de naturaleza engañosa, que se ejecuta con la finalidad de obtener de manera indebida, alguna clase de beneficio ofrecido por los programas de asistencia social.
En el Estado de California, existen varios programas sociales que brindan beneficios a grupos de individuos en situación de vulnerabilidad económica y de exclusión social, entre los cuales se encuentran:
- Medi-Cal: es un programa estatal, parecido al Medicaid, que ofrece cobertura para seguros médicos a individuos residentes en California, que no poseen los recursos económicos necesarios para cubrir un seguro. Aunque se trata de un programa para la asistencia pública, un fraude en perjuicio del Medi-Cal es procesado de manera separada e independiente en relación con otras maneras en las que se puede cometer un fraude a un programa para la asistencia social.
- GA/GR: Es un programa de asistencia social para el apoyo de individuos mayores en situación precaria que no tienen apoyos o que no reciben otro beneficio de cualquier otro programa de asistencia social en este Estado.
- GAIN: es un programa complementario que brinda asistencia a los que también reciben beneficios en el programa CalWORKs, para buscar trabajo, o para mantenerlo e incluso para lograr ascensos en puestos de empleo que tienen mejor remuneración salarial.
- CalFresh: es un programa de asistencia alimentario, en el que se ofrece a los beneficiarios cupones en forma electrónica para adquirir alimentos.
- CalWORKs: Es el más importante de los programas para la asistencia pública en este Estado. Lo que hace es dar apoyos a plazos cortos, con el objetivo de brindar asistencia para vivienda, atención médica, servicios públicos, vestimenta y alimentos a las familias en riesgo económico o de exclusión social.
Según las leyes en California, si un individuo pide la asistencia pública y al hacerlo, hace declaraciones falsas o se abstiene de dar información o datos pertinentes, con el propósito de lograr beneficios económicos ilegales, se considerará que habrá cometido un fraude.
Es por ello que la mayor parte de los casos en los que se comete un fraude en perjuicio de programas para la asistencia social o pública, se hace por medio de declarar falsamente los ingresos o el estado de necesidad financiera, al rellenar los formularios que se requieren, en los que se afirma que su contenido es cierto, de modo que el sujeto estará llevando a cabo una conducta ilícita adicional llamada perjurio. Otra forma en la que este tipo de fraudes se comete es cuando el sujeto no actualiza las modificaciones en su situación de ingresos o de sus necesidades financieras. En este último escenario, puede ocurrir que cuando un sujeto ya se encuentra recibiendo los correspondientes beneficios públicos, encuentra empleo después, pero no hace la notificación respectiva a la oficina correspondiente.
Otra manera en la que se comete esta clase de conductas ilícitas es el escenario en el que un sujeto se encuentra casado, no obstante, indica que el cónyuge no convive con él, de manera que no informa sobre los ingresos que percibe su cónyuge, y que formarían parte de los ingresos familiares. En estos casos, lo que se hace es realizar una investigación y si se logra demostrar que el cónyuge del solicitante vive con él y son reunidos los datos y el estado patrimonial de los dos, así como por cuánto tiempo han permanecido juntos y cuánto tiempo llevan trabajando, todo ello para determinar si el beneficiario ha recibido ayudas en exceso.
¿Cuántas clases de fraudes a los programas de beneficencia social hay?
Básicamente hay dos clases de fraudes a estas clases de programas sociales de asistencia, que son definidos como:
- Fraudes que comete el destinatario.
- Fraudes internos.
¿Cómo los destinatarios cometen este tipo de fraudes?
Se trata de los fraudes más comunes. Ocurren cuando el solicitante suministra incompleta o falsa información con la finalidad de recibir ayudas de programas de asistencia pública o de que los beneficios que ya reciben se vean incrementados.
¿Cómo se cometen los fraudes internos?
En este escenario, son los funcionarios que están empleados en las oficinas de asistencia pública estatales, quienes logran que se desembolsen beneficios de manera fraudulenta para individuos que tienen conocimiento de que legalmente no son aptos para recibir estas ayudas.
¿Cómo se pueden presentar los fraudes a los programas sobre asistencia social?
Los fraudes a este tipo de programas pueden presentarse de diferentes maneras. Las leyes en California regulan las conductas y los actos concretos que pueden ser la base para una acusación formal por esta clase de fraudes.
Entre las diferentes maneras en las que es posible ejecutar esta clase de conductas ilícitas se pueden mencionar:
- Ofrecer de manera deliberada información o datos falsos o abstenerse de dar datos que sean relevantes, con el objetivo de que se conceda, se retenga o se incrementen los beneficios de un programa de asistencia social a los que no se tiene derecho legal. Respecto a estos datos, pueden estar referidos a la cantidad de ingresos que realmente son percibidos por el grupo familiar, la cantidad de activos de los que son propietarios, la situación laboral de sus miembros, el estado civil de los mismos, entre otras informaciones.
- Alterar, falsificar, comprar, adquirir, poseer, vender, transferir o usar autorizaciones por medio de las cuales se pueden obtener cupones para alimentos.
- Rellenar varios formularios para solicitar y obtener varios beneficios.
- Hacer solicitudes varias, bajo nombres diferentes, con la finalidad de que le sean concedidos a la misma persona, sin tener derecho legal a ello.
¿Cómo se investigan los fraudes a los programas de ayudas públicas?
En el Estado de California, existen agencias u oficinas fiscales en cada localidad que reciben las denuncias de los presuntos fraudes que se cometen en perjuicio de los programas para la asistencia social, que se reciben de múltiples fuentes. De hecho, muchas de ellas poseen unidades propias, especializadas en la investigación de esta clase de hechos ilícitos.
Las oficinas de la Fiscalía asignadas son las que reciben las denuncias de múltiples fuentes, entre las que se encuentran:
- Sitios web y líneas directas en las que el público puede denunciar cuando un sujeto está recibiendo fraudulentamente ayudas de programas de beneficencia pública, que son ofrecidos por las mismas oficinas de la Fiscalía.
- Por sospechas de las mismas agencias locales que pertenecen al departamento de los servicios sociales, que normalmente supervisan el modo en que se efectúan los desembolsos a los beneficiarios.
- Denuncias que se reciben por líneas directas dispuestas para ello desde el estamento estatal.
- Toda agencia federal o estatal que llegue a sospechar de la existencia de un fraude en perjuicio de cualquier programa de ayuda social.
Lo que hacen los funcionarios designados para investigar el supuesto fraude en perjuicio de un programa para la asistencia social es recopilar pruebas, datos e información sobre el presunto perpetrador. Luego se ejecutan una cantidad de acciones para completar la investigación, entre las cuales se encuentran:
- Entrevistar a los beneficiarios de dichos programas para la asistencia pública, con la finalidad de contrastar los datos proporcionados, para asegurarse de que los mismos son veraces, precisos y completos.
- Entrevistar a los empleadores, amistades y familiares de los beneficiarios de los distintos programas de ayudas.
- Revisan el contenido de las aplicaciones en las que se solicitan esta clase de beneficios.
- Estudian las tendencias familiares y la forma en que han evolucionado sus ingresos.
Por medio de las actividades explicadas, los que investigan procuran descubrir si hay información que sea útil, para poder respaldar una acusación por fraudes a los programas para la asistencia social. Cuando los investigadores recopilan todos los datos que sean relevantes, se consigna ante la Fiscalía y ésta es la que revisará y podrá determinar si es conveniente presentar una acusación.
En el escenario de que la Fiscalía estime que hay información y evidencias que son suficientes para llevar adelante una acusación, va a presentar los cargos correspondientes en contra del beneficiario que recibe ilegalmente estas asistencias, pero en el escenario de que la información y las evidencias no sean suficientes, podrá llevar a cabo las siguientes acciones:
- Remitir el asunto nuevamente a los investigadores, con la finalidad de que siga reuniendo más información.
- Llegar a la conclusión de que las evidencias no son suficientes y desechar el caso,
- Poner el asunto en manos de programas para la desviación para los fraudes a programas públicos de asistencia social.
¿Qué penas son las que pueden imponerse a un imputado por esta clase de fraudes?
Antes hemos explicado que hay varias maneras en las que esta clase de fraudes puede ser cometida, Cada actividad de defraudación será procesada como una conducta ilícita individualmente considerada.
En cuando al cargo concreto que el imputado tendrá que enfrentar, ello va a depender de elementos como los que ahora mencionamos:
- La clase de defraudación a un programa de beneficencia pública o social del que el imputado ha sido acusado.
- El monto del beneficio económico obtenido de manera fraudulenta.
- El número de reclamos fraudulentos realizados.
- La posesión de antecedentes criminales.
Ser condenado por haber realizado declaraciones engañosas o falsas con el objetivo de lograr beneficios, se considera como delito menor, así que las penas que se imponen al sujeto declarado responsable son permanecer en la cárcel por un lapso que puede llegar a seis meses, y pagar una multa judicial que puede ascender a $ 500.
En el escenario de que un sujeto sea encontrado responsable por hacer solicitudes fraudulentas, la conducta califica como ‘wobbler’, lo que quiere decir que será la Fiscalía la que decidirá si será procesado como felonía o como delito menor. En este sentido, una acusación como ésta supone que el imputado consignó varias solicitudes, o pidió beneficios utilizando nombres falsos o falsas identificaciones.
Si el imputado es encontrado responsable por un delito menor al hacer solicitudes fraudulentas, la pena de cárcel puede llegar a un año, mientras que la multa podría ascender a los $1.000. Pero, si la convicción es por felonía al hacer solicitudes fraudulentas, la sanción de cárcel podría extenderse hasta los tres años, y la multa podría llegar a $5.000.
En caso de que el imputado haya sido encontrado responsable de recibir u obtener beneficios fraudulentos, la conducta será calificada como delito menor, siempre que el imputado efectivamente haya recibido beneficios que no hayan superado los $ 950, y las penas serán de cárcel hasta por seis meses y multa judicial que puede llegar a $ 500.
Pero, si la suma de todos los beneficios ilegalmente obtenidos supera los $950, entonces será calificado como felonía, y la sanción de prisión puede llegar a los tres años, mientras que la multa judicial podrá ascender a $5.000.
Bajo el escenario de que la imputación sea por haber realizado actividades relacionadas con una autorización en blanco que no haya sido autorizada para tomar parte en un programa sobre cupones de alimentos, se calificará como felonía, y será sancionada con permanencia en la cárcel por tres años y multa judicial que puede llegar a $ 5.000.
Sin embargo, se convierte en ‘wobbler’ cuando el imputado tenía la posesión, compró, vendió, transfirió o usó cupones para obtener alimentos o una autorización para cupones creados de manera ilegal, se aplicará la anterior regla sobre el monto obtenido, esto es, si el monto total no excedió los $ 950, se aplican las sanciones de delito menor, pero si los beneficios ilegalmente obtenidos exceden esa cantidad, se aplicarán las penas de una felonía, que se mencionaron en el párrafo anterior.
Para finalizar, debemos indicar que un imputado podría enfrentar una mejora o incremento en las penas que se impongan, que deberán cumplirse de manera consecutiva y adicional, si el fraude fue cometido en perjuicio de un programa para la asistencia social usando beneficios que se transfieren de forma electrónica. La pena adicional puede llegar a un máximo de cuatro años de cárcel.
¿Existen otras consecuencias que se deriven de una convicción de esta naturaleza?
Junto con las penas que han sido explicadas anteriormente, una convicción por defraudar a los programas para la asistencia social pueden tener desastrosos efectos en aspectos como:
- En el área profesional. Porque una condena de esta clase puede provocar que le sea suspendida al imputado la licencia estatal para ejercer su profesión, en caso de tenerla.
- Ser deportado o expulsado del país, en caso de que el imputado no sea ciudadano de los EEUU, aunque su permanencia anterior haya sido legal.
- Ser descalificado o declarado no apto para recibir a futuro beneficios asistenciales.
¿Es posible reembolsar la cantidad obtenida fraudulentamente sin tener que cumplir con sanciones penales?
En función de las características concretas de los hechos, existen supuestos en los que se permite al imputado reembolsar la suma de beneficios defraudada sin que tenga que cumplir sanciones penales.
Incluso, existen condados que poseen programas para la desviación en caso de fraudes a los programas de asistencia social, pero esta clase de beneficios procesales normalmente estarán disponibles para procesados que no posean antecedentes criminales, y que no estén enfrentado conjuntamente otras acusaciones, siempre que no se haya tratado, además, de una suma importante de dinero.
Para estos supuestos, es necesario que el imputado acepte previamente su responsabilidad en los hechos, para ser incluido en un programa como éste y si logra culminarlo exitosamente, y devolver la cantidad defraudada, entonces la acusación será desechada por el Tribunal, y no tendrá antecedentes penales, pero si no logra completarlo, el Tribunal suspenderá el beneficio y le impondrá las penas correspondientes.
Y aunque la Fiscalía no esté de acuerdo en llegar a un arreglo para un programa de desvío, devolver la suma defraudada podría convencer al Tribunal de que le sean impuestas al convicto las sanciones mínimas.
¿Existen estrategias legales de defensa que se utilicen de manera común para combatir esta clase de acusaciones?
- El imputado jamás tuvo el propósito de defraudar.
- El imputado ha sido acusado falsamente.
- La evidencia es insuficiente.
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